Trump despoja de sus abogados a menores migrantes para acelerar su deportación

El Gobierno cancela los contratos con decenas de organizaciones que litigan casos de asilo para menores no acompañados y amenaza a los abogados con demandarlos si no dejan los casos.

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La Administración de Donald Trump ha expandido su ofensiva contra los indocumentados a los abogados de migración. El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado los contratos que tenía con decenas de organizaciones que se encargaban de los procesos jurídicos de los menores no acompañados. El golpe deja en un limbo legal a unos 26.000 menores de 18 años que llegaron al país en los últimos años. 

Junto a la cancelación del contrato, los letrados que llevan este tipo de casos en los tribunales recibieron también amenazas legales si es que deciden continuar con sus litigios contra el Gobierno para que sus clientes permanezcan en territorio Estadounidense. “Todavía no creo lo que está pasando”, asegura Cristel Martínez, una abogada Hondureña que llegó a Estados Unidos con nueve años y quien litiga casos de migración desde 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. “Entonces hubo muchos ataques, pero no algo así. Estamos hablando de las personas que ayudan a tramitar el asilo”, señala Martínez, quien lleva 26 años en el país

Martínez y su equipo llevan desde Los Ángeles los casos de 325 menores. Hay otras organizaciones que defienden a miles de migrantes no acompañados. “Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”, señala la letrada. La mayoría de sus clientes llegaron al país desde 2022, durante la era de Joe Biden. Otros lo hicieron más tarde. Entre ellos hay una bebé de once meses que, obviamente, que no habla y no mantiene comunicación con su representante legal. También los hay de cinco o siete años. Algunos tienen 17.

Muchos de los expedientes de esta abogada son complicados. Las leyes migratorias en Estados Unidos están diseñadas para ser complejas y altamente discrecionales. La Administración pretende ahora que decenas de miles de menores hagan el recorrido por este laberinto jurídico sin consejo legal, lo que hace casi un hecho que sean deportadas. “Está comprobado que una persona que asiste a las audiencias con un abogado no falta y tiene mejores posibilidades de ganar su caso”, acota Martínez.

La cancelación al financiamiento a cientos de organizaciones y despachos rompe con una tradición de 20 años. El Congreso votó en 2005, con apoyo bipartidista, la Ley de protección a los menores migrantes no acompañados. Esta sentó las bases para que el enredado sistema migratorio no se tragara a los más vulnerables. La norma ponía a los recién llegados a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que, a su vez, depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, hoy encabezado por el activista antivacunas Robert F. Kennedy.

La ley impide que los menores migrantes sean llevados a los mismos centros de detención que los adultos o delincuentes juveniles. Asimismo, establece que el Gobierno de Estados Unidos “no debe repatriar a menores en su custodia a escenarios donde sus vidas corran peligro”. En su sexto artículo, señala que los críos deben de contar con una asesoría legal “competente”. El propio texto contempla que esta defensa puede hacerse a través de organizaciones sin fines de lucro calificadas en el trato de niños migrantes.

Todo eso cambió el Viernes 21 de Marzo, cuando la Administración Trump informó que cerraba el grifo a los recursos que mantienen con vida a decenas de miles de expedientes en el sistema judicial. La cancelación llegó una semana antes del fin del contrato, que expira ese Viernes, pero se había renovado continuamente desde 2005. Al quedarse sin financiamiento, los abogados no tienen ni siquiera acceso a intérpretes para sus clientes. La enorme mayoría no habla inglés y proviene de Centroamérica, África, Asia y Medio Oriente.

“No sabemos si van a cubrir el costo del tiempo para cerrar los casos, si los vamos a transferir o si darán tiempo para que la gente busque otro abogado”, señala Martínez, quien señala que seguirá trabajando por el momento, aunque no cobre por ello. “También hay reglas éticas que debemos seguir. Estamos, por decirlo, amarrados a los casos y no sabemos si los jueces de migración entiendan que de un día al otro ya no estemos”, añade.

Información cortesía: www.elpais.com